Ciudades santuario frente a la política de deportaciones de Donald Trump, ¿Derechos humanos o impunidad?

Trump asumió su segundo periodo presidencial con la consigna de deportar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados posibles. Para esto se recurrieron a varias técnicas, entre las que destaca, indica Jordan (2025), la captura de inmigrantes indocumentados encarcelados por infracciones menores. No obstante, a diferencia de otros países, Estados Unidos y su modelo federalista hace que el sistema penitenciario de cada Estado esté controlado por la autoridad local. Cuando las autoridades federales acuden a arrestar a estos personajes, las jurisdicciones consideradas "ciudades y Estados santuario" deciden legítimamente no entregar a la persona a menos que haya cometido un delito grave o tenga una orden de captura por un delito federal. 

Esto genera un quebrantamiento de la estrategia de deportaciones de Donald Trump, ¿Cómo proceder ante estos inconvenientes derivados del federalismo como modelo de Estado? Un Estado unitario trasladaría la fuerza pública para hacer cumplir con sus mandatos de forma obligatoria - como en Perú - sin embargo, en Estados Unidos esta no es una posibilidad.

 

 

"Lugares seguros para la migración", por Monter (2025). Destacan California, Colorado, Oregón, Nueva York e Illinois.

Esta falta de colaboración con los agentes federales se debe a muchos factores, entre los que destaca el liderazgo político de aquellos al mando de estas jurisdicciones. Y es que la mayoría de ciudades santuario son bastiones demócratas que, incluso en la elección de 2024 - donde Trump ganó por el voto popular y en todos los estados bisagra - siguen manteniéndose fieles a sus ideales progresistas.

Merino (2024). El mapa de las elecciones de Estados Unidos en 2024.

En todas estas jurisdicciones, los inmigrantes se han incorporado casi de forma plena a la comunidad estadounidense, siendo su presencia algo natural para los residentes que no los ven como una amenaza. Se crea una especie de colaboración entre inmigrantes y residentes que apunta a generar un espacio de convivencia saludable donde el respeto sea el único factor determinante para la vida en sociedad.

No obstante, todo esto supone un obstáculo para los objetivos de la administración de Donald Trump. Lo que debe ser una operación de seguridad focalizada y precisa se ha convertido en un conflicto transversal con repercusiones políticas, sociales y jurídicas. Las autoridades y movimientos de estas ciudades se han enfrascado en una lucha de voluntades donde se ha involucrado el Poder Judicial de Estados Unidos, en todos lo niveles, como una forma de controlar el poder del presidente estadounidense. Ahora, Donald Trump ha empezado a tomar otras medidas como el despliegue de la guarda nacional en estos lugares, amenazando el equilibrio federalista presente en la configuración política de Estados Unidos.

Esto nos debe llevar a pensar, ¿Qué balance existe entre los derechos humanos de los inmigrantes y la posible impunidad generada cuando se prohíbe que los agentes del orden actúen de acuerdo con los mandatos de la ley? Si bien lo que está haciendo Donald Trump parece ser una medida agresiva contra la inmigración irregular, todo lo realizado está concorde a ley. Que las leyes nunca hayan priorizado este tipo de maniobras es algo completamente distinto; Estados Unidos se ha constituido históricamente como una región relativamente segura para la migración que, aun irregular, aprecia todo tipo de ventajas en la sociedad a largo plazo, entre las que destacan las ventajas económicas de incorporar toda esta mano de obra.

Para entender mejor este conflicto, es necesario revisar el contexto histórico de las ciudades santuario. Estas políticas surgieron en los años 80, como respuesta a la llegada de refugiados centroamericanos huyendo de guerras civiles, y se consolidaron en la década de 2010 durante la administración Obama, aunque se intensificaron bajo Trump en su primer mandato. Actualmente hay más de 600 jurisdicciones santuario en todo el país, incluyendo ciudades como Chicago, Los Ángeles y San Francisco, que limitan la cooperación con ICE para priorizar la confianza comunitaria y la seguridad pública. Estas medidas no solo protegen a inmigrantes indocumentados de deportaciones por infracciones menores, sino que también fomentan que las víctimas de crímenes reporten incidentes sin temor a represalias migratorias, lo que reduce el crimen en general.

Sin embargo, la administración Trump ve estas políticas como un desafío directo a la soberanía federal. En su plan de deportaciones masivas, anunciado en su campaña de 2024 y ejecutado desde enero de 2025, se estima que más de 2 millones de inmigrantes han sido deportados o han auto-deportado en los primeros meses. Esto incluye operativos en prisiones locales, pero las ciudades santuario han resistido, generando demandas judiciales. Por ejemplo, en California, el gobernador ha declarado que no permitirá el uso de recursos estatales para deportaciones, lo que ha llevado a amenazas de recortes federales en fondos para seguridad y salud. Esta tensión ha escalado con el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Portland y Chicago, inicialmente justificado para proteger instalaciones federales, pero criticado por gobernadores demócratas como una violación al federalismo, según reportes de CNN (2025).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, organizaciones como Human Rights Watch (2025) argumentan que las deportaciones masivas violan principios internacionales, separando familias y exponiendo a personas a peligros en sus países de origen, sin debido proceso adecuado. Trump, por su parte, defiende estas acciones como necesarias para la seguridad nacional, citando crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.

En este escenario, las ciudades santuario representan un bastión de resistencia, pero también un punto de fricción que podría erosionar el federalismo. Si Trump logra imponer su agenda mediante cortes presupuestarios o intervenciones militares, el equilibrio de poderes se vería alterado.

En conclusión, el debate entre derechos humanos e impunidad no es binario. Las políticas de Trump, aunque legales, chocan con valores de inclusión que han definido a EE.UU. Las ciudades santuario no promueven impunidad, sino que buscan un balance donde la ley federal no pisotee autonomías locales ni derechos básicos. Si se ignora el aporte económico y social de los inmigrantes, como lo resalta el Council on Foreign Relations (2025), el costo podría ser mayor para todos. Este conflicto invita a una reflexión profunda sobre qué tipo de nación se quiere construir en el siglo XXI.

Referencias bibliográficas

Council on Foreign Relations. (2024, 30 de octubre). How does immigration affect the U.S. economy? [cfr.org]. https://www.cfr.org/in-brief/how-does-immigration-affect-us-economy

Faheid, D. (2025, 15 de noviembre). Texas National Guard troops expected to leave Chicago and Portland [cnn.com]. https://www.cnn.com/2025/11/15/us/national-guard-troops-chicago-portland

Human Rights Watch. (2025, 24 de abril). 100 human rights harms in 100 days [hrw.org]. https://www.hrw.org/feature/2025/04/24/100-human-rights-harms-100-days/trump-administrations-assault-rights-united

Jordan, M. (2025, 23 de enero). ¿Qué son las ciudades santuario y por qué Trump quiere acabar con ellas? [nytimes.com]. https://www.nytimes.com/es/2025/01/23/espanol/estados-unidos/ciudades-santuario-usa.html

Merino, A. (2024, 6 de noviembre). Interactivo: El mapa de las elecciones de 2024 en Estados Unidos [elordenmundial.com]. https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/interactivo-el-mapa-de-las-elecciones-de-2024-en-estados-unidos/

Monter, J. (2025, 20 de enero). Mapa de las ciudades santuario en Estados Unidos: los refugios de los migrantes frente a Trump [elordenmundial.com]. https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-ciudades-santuario-estados-unidos-refugios-migrantes-trump/