La promesa de deportaciones masivas de Trump, una vez en el gobierno, vio como el problema era mucho más complejo en la práctica que la teoría. Lo que deberían ser operaciones focalizadas para remover a los inmigrantes indocumentados de la sociedad estadounidense hacia sus países de origen, se complicó por la falta de relaciones amistosas. Después de un periodo presidencial en donde la deportación se instauró como política de gobierno, los países estaban mucho mejor preparados para asumir los nuevos retos. Con la experiencia de por medio, estos países encontraron en la resistencia a recibir a sus ciudadanos deportados una herramienta de especial utilidad para balancear el equilibrio de poder en la región. Estados Unidos ya no podría imponer su voluntad.
Esto fue justamente lo que quiso hacer Gustavo Petro, aunque con resultados limitados. Su negativa a acoger a los inmigrantes colombianos deportados luego se transformaría en afirmativa, aunque mediante el uso de otro tipo de medios "con la finalidad de resguardar la dignidad humana de los colombianos deportados" (El País, 2025). No obstante, de forma práctica, dicho cambio en la voluntad del gobernante colombiano se debió a los mecanismos de presión política instaurados desde la administración Trump para forzar el recibimiento de estas personas. Al final, la relación entre Colombia y Estados Unidos era demasiado importante para arruinarla sobre la base de un problema de dignidad y carácter que, despojado de su sentido simbólico, carece de mayor sentido. No obstante, existen países cuyas relaciones con Estados Unidos se encuentran completamente rotas y cuyos mecanismos de presión son complemente inútiles; ¿Qué mecanismo de presión podría utilizar Estados Unidos para forzar a Cuba a recibir a sus indocumentados? Ninguno, más allá que el chantaje bélico, descartado por la administración Trump para propósitos de política migratoria. Se crea una conflicto entre lo que se desea y los medios de los que se tiene a mano para alcanzar ciertas metas.
Un vuelo de deportación de migrantes. El Mundo (2025).
No obstante, aun con estas deficiencias, la administración Trump ha ideado la forma perfecta de alcanzar sus metas en temas migratorios sin la colaboración de los países de donde los indocumentados provienen. Así, se ha ideado la deportación a terceros países. Personas de Cuba, Jamaica, Laos y Vietnam, reporta la BBC (2025), terminan deportados en países como Suazilandia, Sudán, El Salvador o Costa Rica. Los deportados que, además, poseen un récord criminal, son mandados a las cárceles de dichos países para que sigan cumpliendo sus penas. Según indica la BBC (2025), un ciudadano cubano aparentemente ligado con la banda de los Latin Kings y condenado por varios delitos violentos, ha sido enviado a Sudán para que siga cumpliendo con su pena. Esto, claro está, en otro continente con una realidad penitenciaria completamente distinta en el acceso a "privilegios" a los que tenía acceso en Estados Unidos.
Así, Trump ha encontrado la forma ideal para continuar con sus objetivos. Los terceros países se disponer a acoger a los deportados después de haber celebrado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que, podemos prever, incluye una atractiva suma de dinero. Así, como nota Swissinfo (2025), la política de deportación aprecia una constante expansión de la lista de posibles destinos; Ruanda se ha visto dispuesta a negociar la acogida de estas personas, mientras que Uganda y Honduras conforman desde fines de agosto los posibles destinos de llegada.
Sudán es uno de los países a los que Trump envía deportados. Asociated Press (2025).
Esto, claramente, genera controversias que abordan la vulneración de los derechos humanos de los migrantes. Llevarlos hasta un tercer país con el que no comparten ninguna vinculación dificulta el rastreo de su ubicación y hace más difícil su reintegración en la sociedad. Los migrantes que, por ejemplo, son llevados a países en conflicto dentro del continente africano ven una clara amenaza a su vida e integridad, siendo que la sola presencia en esos lugares ya es un riesgo mismo para su seguridad.
De producirse de forma natural (turistas o curiosos imprudentes, cuyo final no siempre termina siendo pacífico), este proceso no sería tan controvertido; no obstante, hablamos de una situación provocada por Estados Unidos y la administración Trump, más específicamente. Las consecuencias negativas de esta clase de hechos podrían ser rastreadas de vuelta hacia ellos. La falta de predictibilidad genera un clima de incertidumbre que viola todas las garantías que el principio de legalidad intenta salvaguardar, incluso para las personas que cometen delitos. Los delitos se cometen en pleno uso de la libertad como derecho porque se conocen previamente las consecuencias de los actos. Si esto no llegase a ser posible y las consecuencias de cometer un delito en Estados Unidos se transformasen en consecuencias fuera del país, en otro continente, y bajo situaciones penosas, el sujeto deja de hacer ejercicio de su libertad. Su destino no es controlado por él mismo; las consecuencias se idean después de cometido el acto y no antes.
Lo que sí llama la atención, es el carácter disuasivo de este tipo de prácticas. Terminar en países como Sudán o Uganda por buscar vivir en Estados Unidos es un escenario probable incluso más peligroso que la travesía organizada por los migrantes para llegar por tierra a la frontera sur; ¿Vale la pena todo esto? Se preguntará el migrante que, en su país, al menos tiene la posibilidad de vivir entre los suyos y en una situación que no alcanza los niveles de violencia penosamente comunes en otros continentes. Trump sabe que el miedo puede ser un factor determinante para desincentivar esta clase de comportamientos y, por lo tanto, también lo ha incluido como parte de su política migratoria.
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